Miguel Ángel Presno Linera
Blog: Comunicación y el diálogo entre profesores y estudiantes sobre contenidos propios del Derecho Constitucional.
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Últimos posts:
El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del art. 153.1 del Código Penal introducido por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
... En una sentencia de 14 de mayo de 2008 , el Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, en relación con el artículo 153.1 del Código Penal. Entre otras consideraciones, el Tribunal estima que “no se trata una discriminación por razón de sexo. La diferencia remanente no infringe el art. 14 CE, …, porque se trata de una diferenciación razonable, fruto de la amplia libertad de opción de que goza el legislador penal, que, por la limitación y flexibilidad de sus previsiones punitivas, no conduce a consecuencias desproporcionadas. Como esta gravedad no se presume, como la punición se produce precisamente por la consciente realización del más grave comportamiento tipificado, no podemos apreciar vulneración alguna del principio constitucional de culpabilidad.”
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De las reuniones y manifestaciones pacíficas como expresión de la democracia participativa.
... Sus palabras, no concretadas hasta la fecha en un Proyecto de Ley sobre la materia, han sido cuestionadas por colectivos policiales y judiciales Como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Plattform Ärtze für das Leben c. Austria): “sucede a veces que una determinada manifestación molesta o irrita a personas contrarias a las ideas o reivindicaciones que promueve. Estos son los dos elementos que configuran el concepto de orden público con peligro para personas y bienes consagrado en este precepto constitucional. Y, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de abril de 1987, 6 de febrero de 1991, 16 de octubre de 1991,…), debe valorarse el comportamiento de los manifestantes, su permanencia en la situación y la forma de reaccionar frente a la presencia de las Fuerzas de Seguridad. ...
Criminalizando la discrepancia (Comunicado de Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales)
... El Derecho Penal no es la respuesta a los problemas sociales. No cuestionamos la potestad del Ejecutivo para definir la política criminal y la libertad de configuración del legislador penal para determinar las conductas que deben incluirse en el Código Penal y sus sanciones. A mediados del mes de marzo, el Ministro del Interior, en una comparecencia en el Senado, anunció una primera reforma del Código Penal, tras las movilizaciones en la ciudad de Valencia en protesta por los recortes educativos, para elevar las penas del delito de desobediencia. Ignoramos si estas propuestas de lo que parece ser el nuevo Ministerio de Interior y Justicia acabarán convirtiéndose en la vigésimo octava reforma del Código Penal en menos de 17 años. En contra de lo anunciado, se producirá una grave merma de la tutela judicial efectiva reconocida como derecho fundamental en el texto constitucional. Ello exige el aporte de recursos sociales y de medidas activas de apoyo. ...
Matrimonio homosexual y Constitución
... Es conocido que en España, desde la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil, el matrimonio puede ser celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones. Esta configuración del matrimonio ha llegado ante el Tribunal Constitucional, como ya ocurrió en otros países (Portugal, Italia, Francia) y organizaciones territoriales inferiores (varios de los estados de Estados Unidos, como Massachussets, California,…) aunque en nuestro caso todavía no hay sentencia del Alto Tribunal. Como dijo en fecha temprana el Tribunal Constitucional, la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que en él quepan opciones políticas de muy diferente signo. Por todo ello, no parece que el resultado al que deba llegar en su día el Tribunal Constitucional español sea otro que reconocer la plena constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ...
Ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito educativo: pañuelos islámicos y camisetas laicas.
... Porque la práctica no hace la constitucionalidad de la medida. Sin embargo, en un Estado de Derecho lo cierto es que frente a los derechos fundamentales y su vigencia constitucional es deseable que aparezca una acción del legislador para amparar a la Administración a la hora de limitar derechos. En ausencia de la misma, en cambio, parece razonable (y es la lógica de la interpretación constitucional) mantener una opinión en favor del derecho fundamental. Y, además, que sea una ley la que así la contemple. Así que necesito que me lo expliquen mejor para ver la constitucionalidad de la limitación. Éste último, como ha dicho el Tribunal Constitucional español, atribuye a su titular (a nuestros efectos, estudiante, profesor o charcutero) «la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación» (STC, 77/2009). ...
Comentario urgente, aunque nada extraordinario, sobre el gravamen complementario en el IRPF vía Decreto-ley.
... En un breve y apresurado análisis jurídico-constitucional cabe comentar dos cuestiones: a) si el Decreto-ley puede introducir ese gravamen complementario; b) si la eventual aprobación de medidas similares en la Ley de Presupuestos o en otra Ley impediría el control de constitucionalidad del Decreto-ley. Para dar respuesta a las mismas nada más adecuado que recordar lo que al respecto a dicho el Tribunal Constitucional. Esa incidencia esencial del precepto legal enjuiciado sobre el deber constitucional de contribuir conlleva, lisa y llanamente, la vulneración de uno de los límites materiales con que el art. 86.1 CE circunscribe el uso de la potestad normativa que el Gobierno puede ejercer mediante el Decreto-Ley. ...
La reforma de la Ley de extranjería.
... Como es conocido, ha comenzado la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 , de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Desde luego llama la atención que este Proyecto habla poco de “extranjería” y mucho en la “inmigración”, cuando la Ley que pretende reformar es una ley integral de extranjería. No obstante, también es cierto que el nuevo contenido que se pretende otorgar a la Ley 4/2000 no desentona mucho con el texto vigente, lo que avalaría la idea de una “reforma” y no de una “ley nueva”. Por último, y a propósito de otra de las modificaciones, la extensión del plazo de internamiento de 40 a 60 días, difícilmente admisible en sí, ¿qué fundamento constitucional justifica la suspensión del cómputo de ese plazo por el ejercicio del derecho a solicitar asilo o el hábeas corpus? (artículo 62.3). ...
La aplicación de la doctrina del schock vía Decretos-leyes y represión penal.
... Algo de eso parece estar ocurriendo en nuestro país y las fórmulas para llevar a cabo dichos cambios combinan la fórmula, aparentemente más inocua, del Decreto-ley con la más gráfica del endurecimiento del Código Penal. Se permite a las Comunidades Autónomas en momentos de limitación de la tasa de reposición (cuando esta sea inferior al 50 por 100) aumentar en un 20 por 100 el número máximo de alumnos por clase previsto en la Ley Orgánica de Educación: veinticinco en Primaria y treinta en Secundaria. b). Se aplaza la implantación de los Ciclos Formativos de 2.000 horas previstos en la Ley Orgánica de Educación para Grado Medio y Grado Superior. d) Se modifica del criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a diez días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. e). Eliminación de la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la Ley Orgánica de Educación. ...
Un Anteproyecto de Ley de Transparencia bastante opaco.
... En primer lugar, no se incluyen las facultades de acceso como parte del derecho fundamental a recibir información, lo que obligaría a su tramitación como Ley Orgánica, a una interpretación más restrictiva de los límites al acceso y permitiría, en el caso de los archivos y registros públicos, acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Convenio avala que el acceso a la Casa Real quede sujeto a limitaciones pero es una posibilidad, no un mandato; además, pueden excluirse comunicaciones oficiales con la Familia Real, la Casa Real o el Jefe del Estado pero no toda la institución y en todo caso. No importa que no sea Administración Pública sino un órgano constitucional, como también lo son, por mencionar otros, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, a los que sí prevé su aplicación el Anteproyecto. ...
¿Es el enemigo?
... Para valorar si la actuación de la Policía ha sido correcta en términos jurídicos hay que recordar, en primer lugar, que el artículo 5.b) de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión dispone que “la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para person... Pero una alteración del orden público no avala por sí sola la disolución de una manifestación si no pone “en peligro la integridad de personas o de bienes”. Por tanto, la Policía debe explicar qué peligrosidad para personas o bienes existía antes de la disolución de las concentraciones, teniendo en cuenta que no lo es “cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación” ( Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995 ...
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