... Los Estados miembros podrán establecer que los 'bienes de consumo' no incluyan los bienes de segunda mano vendidos en una subasta en la que los consumidores puedan asistir personalmente a la venta.
4. Los contratos de suministro de bienes de consumo que hayan de fabricarse o producirse también se considerarán contratos de compraventa a efectos de la presente Directiva. Derechos del consumidor
1.El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.
2. La expresión «sin cargo alguno» utilizada en los apartados 2 y 3 se refiere a los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.
5. El vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien. ...
... La directiva tiene como fin garantizar un mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior en todos los Estados miembros de la UE. De esta forma, se introduce el principio de conformidad de los bienes con el contrato, aplicable a los supuestos de contratos de compraventa de bienes de consumo celebrados entre el vendedor y el consumidor. La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega. Son bienes de consumo los bienes muebles corporales destinados al consumo privado. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. Quedan excluidos los bienes adquiridos en una venta judicial (subasta de bienes confiscados). ...
... Principio de culpabilidad.Ley 16/89 (17-7) de Defensa de la Compentecia: arts. 1.1.a) y 2. Esta interpretación del artículo 85, apartado 1 , del Tratado no implica vulnerar el principio de autonomía institucional invocado por el Gobierno alemán (véanse los apartados 54 y 55 de la presente sentencia). El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Por último, porque en principio nada impide que el legislador español adopte un criterio más estricto que el del propio Derecho comunitario en relación con conductas o medidas contrarias a la competencia. De conformidad con lo dicho hasta el momento procede estimar el recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida. ...
... PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITURAS CONSTITUTIVAS.SORPRENDENTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL. No se trata de poner en entredicho las resoluciones judiciales, sino de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria), manifestación del principio constitucional de tutela judicial efectiva. En este supuesto, la hipoteca no garantiza, en rigor, el pagaré sino el débito cuyo cobro se ha pactado, se realice, en principio, a través de aquél. LA INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO PARALIZA LAS EJECUCIONES DE GARANTÍAS REALES SOBRE LOS BIENES DEL CONSURSADO, SALVO LOS CASOS EXCEPCIONALES PREVISTOS POR LA LEY. DERECHO DE FAMILIA DISUELTA LA SOCIEDAD DE GANANCIALES, NO CABE LIQUIDARLA UNILATERALMENTE Y ADJUDICARSE EN PAGO DE UN LOTE PROPORCIONAL BIENES GANANCIALES CONCRETOS. Pero no cabe en modo alguno el reflejo de las disposiciones unilaterales sobre bienes completos porque la legitimación necesaria resulta incompleta. ...
... Octavo.- Conforme al principio «victus victori» que rige en materia de costas por lo dispuesto en art. 394 LEC para en declarativos de la instancia, no procede la imposición de las costas a ninguna de las partes, al haberse producido una estimación parcial. ...
... En principio, la cantidad exacta por principal e intereses vencidos, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, no debe presentar especiales dificultades. Los primeros derivan de la mera voluntad de las partes y vencen de conformidad con los plazos pactados. Es decir, la solución al concurso viene dada por la aprobación de un convenio o por la liquidación de los bienes y derechos que forman parte de la masa activa y la disolución de la entidad concursada. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos de concursado. La Ley Concursal configura como principio esencial del convenio el principio de autonomía de voluntad para la determinación de su contenido. ...
... La legitimidad del TC no solo reside en su mayoría sino en la conformidad con la Constitución y su Ley Orgánica. No cabe mayor inseguridad ni atentado al principio de igualdad (generalidad) en el ámbito tributario que la percepción de tributos sin cobertura legal. El principio de seguridad jurídica (como el resto de principios del artículo 9.3 CE, el primero de los cuales es el de legalidad) se aplica en beneficio de los ciudadanos y contribuyentes y sólo con carácter reflejo en beneficio de los "poderes públicos". En efecto, si la seguridad permite a la Hacienda retener un tributo inconstitucional, entonces es que el contribuyente queda privado del principio de legalidad en materia tributaria. Dichos preceptos reglamentarios, sin embargo nunca pueden ser determinantes de la aplicación de un tributo inconstitucional porque, como consecuencia del principio de reserva de ley, los reglamentos no pueden regular los elementos esenciales del tributo (artículo 8 LGT). ...
... Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas. 2. Las personas con discapacidad y sus familias podrán beneficiarse de las subvenciones y ayudas económicas que establezcan las administraciones públicas para la adquisición o contratación más ventajosa de elementos, bienes, productos y servicios de la sociedad de la información, en el ámbito de sus competencias. Se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas o jurídicas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. ...
... La contratación de bienes y la prestación de servicios informáticos no tienen una calificación uniforme que la puedan situar, en cada caso, en un modelo o tipo de contrato de los que figuran en nuestro código civil, y el desconocimiento por el usuario, en términos generales, de las posibilidades y limites de la informática, hace que no se pueda basar todo en el principio general de la ... También se consideran como tales los bienes inmateriales que proporcionan los datos, instrucciones etc. Cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus servicios en los plazos estipulados. Transferencia de la propiedad: sin cláusulas con cláusulas Bienes inmateriales: propiedad intelectual. Se fundamenta en el principio de que toda declaración de voluntad es eficaz desde el momento que llega a su destinatario. Me quedé en lo del principio porque me chocó. ...
... Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. En primer lugar se pregunta cuando una intervención legislativa sobre el mundo de los bienes puede calificarse como una expropiación forzosa y no como una mera delimitación de su contenido. La intervención legislativa como expropiación forzosa o como de limitación del contenido de los bienes. El Tribunal Constitucional ha calificado en dos ocasiones como expropiación las operaciones realizadas por dos leyes en principio absolutamente generales y no referidas a casos particulares. Es decir, la previsible variedad de bienes demanializados a través de la Ley de Costas no admite un único baremo a la hora de indemnizar. ...