... UNA CALIFICACIÓN CONJUNTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO NO PUEDE CONTRADECIR EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL. La Dirección General en una extensa resolución pasa a examinar la admisibilidad en nuestro derecho de la hipoteca en mano común, además de analizar muchas de las cláusulas de dicho préstamo. Al principio de libertad de pacto del artículo 392 del Código Civil se une la doctrina del «numerus apertus». Respecto de la primera falta la Dirección General señala que no cierra el Registro, pero confirma la calificación en el segundo. La Dirección General confirma la calificación negativa que impide la inscripción de una segregación en la que no se aporta licencia al alegarse que se ha obtenido por silencio administrativo. ...
... en sus artículos 20 y 42;
b) en la Recomendación [77/534], en su “tercer principio general” y en su “decimoséptima disposición complementaria”;
c) en la Directiva 79/279 A esas cuestiones da respuesta la Sentencia del Tribunal de Justicia en términos precisos y denegatorios de un principio general de derecho en el sentido indicado. Con carácter general, el Tribunal recuerda que la mención en distintas normas de Derecho derivado no supone per se, que exista un principio general de Derecho comunitario. Se trata, por ello, de previsiones con un alcance concreto de las que no puede pretender extraerse un genuino principio de alcance general a cualquier situación. No puedo extenderme en las muchas consideraciones que merece el pronunciamiento del Tribunal de Justicia contrario a la existencia de un principio general a favor de la paridad de trato a todos los accionistas de una sociedad en cualquier circunstancia u operación. ...
... Los “supuestos” de despenalización eran discutibles y cabía defenderlos o criticarlos, en general o por su configuración. El nasciturus ha dejado de serlo, porque no se parte de la base de que el concebido está en principio destinado a nacer. No parece nada sensato sentar el principio (y eso es lo que se hace) de que los actos que tienen consecuencias serias han de afrontarse como si esas consecuencias no existiesen. Este "principio" corroe muy gravemente el sentido de la responsabilidad. LA BATALLA ECONÓMICA USA-UE (I) ►
marzo (5) LA “HUELGA GENERAL” EN ESPAÑA, EL 29 DE MARZO DE 2... ¿QUIEREN DE VERDAD REDUCIR EL GASTO PÚBLICO? ESTE CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) NO ...
... El primero de ellos es que de la Constitución, en principio, sólo cabe referir el sistema de acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos y que respecto de los funcionarios públicos el sistema alcanza, además, los principios de mérito y capacidad. La correcta ordenación de este último requiere soluciones en parte diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislación general no puede constituir un obstáculo ni un factor de rigidez. Desempeñó cargos en los Ministerios de Educación e Interior, en éste como Vicesecretario General del Gobierno Civil de Valencia. Fue el primer Director General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma Valenciana y Director del Instituto Valenciano de Administración Pública. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Una cuestión planteada permanentemente respecto de la Administración pública es la de su eficacia a la que ya hemos hecho referencia en ot... ...
... No nos parece que, con carácter general, pueda considerarse confirmado por "sentencia judicial firme" el acto aplicativo de un tributo declarado inconstitucional y recurrido en amparo. Ninguna STC puede, con carácter general, pretender completar, limitar o excluir la aplicación de los procedimientos especiales de revisión y, en especial, del procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho. No cabe mayor inseguridad ni atentado al principio de igualdad (generalidad) en el ámbito tributario que la percepción de tributos sin cobertura legal. En efecto, si la seguridad permite a la Hacienda retener un tributo inconstitucional, entonces es que el contribuyente queda privado del principio de legalidad en materia tributaria. Hemos mostrado en otro lugar que el Tribunal Supremo de dicho país no sigue dicha jurisprudencia en la actualidad, ni con carácter general ni en el ámbito tributario. ...
... IV.- LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY PROCESAL 29/1998: Debe tenerse en cuenta el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), el cual sienta el mismo principio que antes habían sancionado la LOTC (art. 40.1) y la LPA (art. 120.1): que la sentencia no afectará por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administr... Pues la estimación de un recurso contra una disposición general “no traslada el vicio de la disposición general a los actos anteriores firmes” (STS de 25 de marzo de 2000 –Ar. 2.999-). Como tampoco puede la Administración, si quiere ejercer sus potestades de forma no caprichosa o arbitraria y por tanto ilegal, olvidarse (borrando de un plumazo todo lo actuado de forma procedimentalmente correcta) del "favor acti", del principio general de conservación de los actos administrativos y sus complementarias reglas "utile per inutile non vitiatur" e incomunicación automática d... ...
... Ello nos va a permitir, de facto, diferenciar dos regímenes jurídicos en materia de contaminación de suelos: uno general, para contaminaciones contemporáneas, futuras y pasadas antijurídicas, y otro especial, previo examen del caso concreto, para determinadas contaminaciones históricas o pasadas. II. EL TÍTULO V DE LA LEY 10/1998 Y EL REAL DECRETO 9/2005: RÉGIMEN GENERAL DE LOS SUELOS CONTAMINADOS
Estas dos normas configuran el régimen jurídico básico de los suelos contaminados en España que, como hemos señalado, no bebe de la reglamentación europea comunitaria. El régimen general básico en esta materia queda, pues, sometido a siguiente iter y principios básicos.
1. Actividad ponderativa necesariamente presidida por el conocido principio del «desarrollo sostenible». ...
... Ley 32/2003, Ley General de Telecomunicaciones ( http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l32-2003.html )
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones contiene previsiones generales sobre el ámbito de las telecomunicaciones y con carácter especial sobre los servicios básicos y universales de acceso a las telecomunicaciones, así como las condiciones de ese acceso. Esta norma, que desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones en alguno de sus aspectos básicos si completa la crítica realizada a la Ley. La delimitación establecida en referencia al público en general puede ocasionar problemas ya que excepto terminales y equipos en zonas abiertas realmente al público será de difícil concreción. Queda por lo tanto coja en este aspecto la regulación, a expensas de lo que puedan hacer las otras administraciones al margen de la general del estado. ...
... En principio los sistemas de información se utilizaron para automatizar el procesamiento de datos. La Constitución afirmaba el principio de soberanía nacional y la práctica parlamentaria basada en el sufragio censitario y un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado. Se abre entonces un período de alternancia entre los moderados de Narváez y un tercer partido de corte centrista, liderado por el general O’Donnell. Se funda la Unión Liberal de O’Donnell.
1855 Ley de Desamortización general de Pascual Madoz. Ley general de Ferrocarriles.
1856 Constitución Non nata. Nace el príncipe Alfonso.
1860 Victoria del general Prim sobre los marroquíes en Castillejos.
1863 Gobierno de Narváez.
1865 Matanza de la Noche de San Daniel (abril). ...
... Y lo cierto es que en general lo hace con bastante buen criterio, a mi juicio. Porque es legítimo albergar algunas dudas respecto de la efectiva existencia, en todos los casos, de esa obligación respecto de Administraciones públicas diferentes a la General del Estado. Esta quiebra del principio de neutralidad ha de ser reseñada porque, así como los cauces y contornos en que ello es posible según la norma. Sin una previa habilitación legal, el juego del principio de neutralidad veda la diferenciación. Quizás, dadas las especiales características de esta garantía de la ley, que afecta al mismo núcleo de la igualdad de los ciudadanos y al principio de neutralidad, a lo mejor excesiva en este caso. Los trabajos que se han ocupado desde una perspectiva estrictamente jurídica de cuestiones relativas al principio de neutralidad tecnológica no son demasiados. ...