... En el ámbito del Derecho Privado, la Administración debe actuar estableciendo una regulación de mínimos,
fijando las bases para que las relaciones entre particulares o entes
privados se lleven a cabo en condiciones de seguridad jurídica,
protección y defensa de los intereses privados, pero sin intervenir
ejerciendo la potestad coactiva que le es dada, salvo que estén en
juego derechos ... Estas leyes contienen instrumentos suficientes para los
autores y titulares que vean vulnerados sus derechos, y constituyen la
columna vertebral de protección del sector económico cultural. Estos derechos tienen una vocación privativa (insistimos, digna de toda
protección y tutela) mientras que el resto de intereses tienen una
naturaleza eminentemente pública. Además, mediante la inclusión de este
nuevo apartado los derechos de propiedad intelectual quedarían a un
nivel de protección superior al del resto de intereses privados o
patrimoniales. ...
... Este precepto ha sido desarrollado, a nivel estatal, por los Anexos del Real Decreto 1.095/1.989, de 8 de septiembre , sobre Declaración de Especies que Pueden ser Objeto de Caza y Pesca y se establecen normas para su protección. Esta modificación legal supone el establecimiento de un sistema de responsabilidad jurídica por culpa o negligencia en materia de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Por ello, la carencia absoluta de medios probatorios puede ser constitutiva de la imposición a la parte demandante de una especie de “prueba diabólica”, que sólo genera inseguridad jurídica y puede vulnerar el legítimo derecho a la defensa, proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española. Las SAP de Asturias de 3 de mayo de 2004 y de 7 de enero de 2005 declaran la responsabilidad del titular del coto por no adoptar las medidas de protección para evitar que los animales invadan la calzada. ...
... FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La controversia esencialmente jurídica que se plantea en esta alzada, consiste en determinar si el aval discutido, al que luego haremos referencia, se concedió en el marco de las obligaciones de garantía previstas en la ley 57/1968, de 27 julio , sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Se consideran normas de transparencia y protección de la clientela aquellas que contienen preceptos específicos referidos a las entidades a que se refiere el art. 1 , y que con la finalidad de proteger los legítimos intereses de los clientes, establecen un conjunto de obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales entre unos y otros, exigen la comunicación de las cond... ...
... En aquellos casos en que sea necesaria una intervención comunitaria y con el fin de garantizar que realmente dicho espacio interior no presente fronteras interiores para el comercio electrónico, la Directiva debe garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de ... La Comisión examinará en qué medida las actuales normas de protección del consumidor no proporcionan la protección adecuada en relación con la sociedad de la información y, si procede, señalará las posibles lagunas de esta legislación y los aspectos en los que podría resultar necesario tomar medidas adicionales; llegado el caso, la Comisión debería hacer propuestas específicas a... ...
... Si existe un elemento común a cualquier tratamiento doctrinal de la franquicia, éste no es otro que afirmar que ambas empresas conservan su autonomía e independencia jurídica (20). De ahí que se haga absolutamente imprescindible, sobre todo a efectos de seguridad jurídica, una intervención legal urgente capaz de garantizar la necesaria publicidad y certeza de este tipo de vinculación contractual, a partir de la cual los trabajadores puedan conocer quién es su auténtico empresario (41). 4. El agente puede asumir o no el riesgo de la operación en la que interviene y puede –eventualmente– ser una persona jurídica o un empresario en sentido laboral (97), pero, en cualquier caso, goza de autonomía funcional en su actuar (98). ...
... Dentro del sector financiero, y dejando a un lado la protección derivada de la existencia de fondos de garantía de depósitos e inversores, la defensa de la clientela ha pivotado tradicionalmente sobre dos ejes. De un lado, la normativa prudencial y de solvencia de las entidades de crédito, aunque orientada en primer término a la estabilidad de los mercados, tiene un efecto directo y muy valioso sobre la protección de los clientes. Por otro lado, la legislación financiera cuenta también con un sistema especial de protección directa del cliente. La presente orden ministerial tiene por objeto garantizar el adecuado nivel de protección de los clientes de entidades de crédito, mediante la implantación de medidas de transparencia en la prestación de servicios financieros bancarios. Las demás cláusulas de tales documentos contractuales no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar el contenido de aquellas. ...
... Hoy el tema va para locos de la teoría jurídica y aficionados a la historia del pensamiento jurídico contemporáneo. Kelsen en la doctrina jurídica del nacionalsocialismo y de postguerra. Este significado concreto proviene de reconducir el precepto legal a las decisiones fundamentales y los valores, a la idea jurídica concreta que vive en la comunidad jurídica y que hace de su Derecho una totalidad unitaria y plena de sentido [24 El juez está obligado a reconocer y aplicar como Derecho toda ley que entre en vigor a partir de la voluntad del Führer, pero ha de aplicarla según el espíritu del Führer, a tenor de la actual voluntad jurídica, de la concreta idea jurídica de la comunidad [27 Se trata de la confusión entre validez jurídica y obligación moral. Que una norma sea jurídicamente válida significa sólo que, conforme a Derecho, hay una obligación jurídica de seguir esa norma. ...
... El pasado día 27 de julio se dieron a conocer 3 sentencias del Tribunal Supremo en relación a diversos artículos del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En conclusión, unas sentencias que provocan problemas en el campo de mayor interés para los recurrentes los ficheros de solvencia patrimonial en detrimento de la protección de los ciudadanos que ven parcialmente limitadas sus facultades de actuación contra decisiones que en muchas ocasiones no responden a la realidad y sirven de abuso para cobrar deudas aun en ausencia de fundamentos jur... ...
... Como, por otro lado, ya está empezando a ser el caso. ¿En tal supuesto sí estaríamos ante ficheros y por ello se aplicaría la Ley de Protección de Datos? Los derechos derivados de la protección de datos son importantísimos y, precisamente por este motivo, conviene no sobredimensionarlos para tratar de solucionar problemas que, en puridad, son jurídicamete de otra índole. Precisamente porque, en última instancia, lo que así se consigue, además, es deslegitimar la protección de datos y su esencial importancia no es admisible analizar todo el Derecho como si cualquier cuestión fuera únicamente un asunto relativo a la protección de datos en cuanto aparece reflejado el nombre de una persona y, con ello, claro, datos nominativos. ...
... Se ha aprobado el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), en el Consejo de Ministros de hoy. Pego aquí abajo el extracto de la noticia, del propio Consejo de Ministros de hoy : APROBADO EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS La norma acrecienta la seguridad jurídica y resolverá determinadas cuestiones o lagunas interpretativas que actualmente existen. Además, es precisa la notificación de la inclusión, impuesta por la Ley Orgánica de Protección de Datos, de forma que no se incluyan aquellas deudas respecto de las que no conste la recepción de dicha notificación. Transferencias internacionales de datos Se establece un régimen sistemático de las mismas, con la posibilidad de que el Director de la Agencia Española de Protección de Datos declara la existencia de un nivel adecuado de protección en un Estado respecto del que no exista la Decisión adecuada por parte de la Unión Europea. ...