Aplicando los anteriores criterios al caso presente, procede acordar la suspensión de la ejecución de las Sentencias impugnadas por lo que respecta a las dos penas privativas de libertad de un año de prisión menor cada una impuestas al demandante de amparo, así como por lo que se refiere a las accesorias legales de privación de sufragio y ejercicio de cargo durante el tiempo de la condena. No procede, en cambio, acordar la suspensión de la ejecución de dichas Sentencias en lo relativo al pago de las costas procesales, indemnizaciones a la Hacienda Pública y privación de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de tres años, debido a sus efectos meramente económicos, a que no concurre circunstancia ...
Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: procedencia parcial.
Objeto del presente Auto es la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 16 de abril de 1996, que condenaba al recurrente como autor responsable de un delito de negativa al cumplimiento del servicio militar obligatorio a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor e inhabilitación absoluta por el mismo p... En el presente caso, del tipo de delito y de la duración de la pena de prisión -dos años y cuatro meses- se desprende, según la doctrina citada, que ha de accederse a la suspensión solicitada en los términos expresados por el Ministerio Fiscal, es decir, la suspensión de la pena privativa de libertad y de la inhabilitación absoluta.
Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: procedencia parcial.
La pretensión de amparo se sustenta en los siguientes hechos:
a) El actor, de nacionalidad marroquí, fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, por un delito contra la salud pública, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión. En ella acordó su expulsión del territorio español, con prohibición de entrada por un período de cinco años, por dos motivos: haber cometido un delito doloso de pena superior a un año de prisión, y carecer de medios lícitos de vida [letras d) y f) del art. 26.1 de la Ley de Extranjería, L.
O. 7/1985
Inadmisión. Demanda de amparo: acreditación de los requisitos procesales. Extranjeros: expediente de expulsión. Principio de legalidad: tipificación.
La desestimación del amparo pretendido por un funcionario, que alegaba que al liquidar la condena de tres años de suspensión de cargo público, impuesta por cohecho, se le debía abonar el tiempo en que había estado suspendido provisionalmente por el Ministerio (dos años y quince días), no se debió a razones de fondo.
Inadmisión. Agotamiento de recursos en la vía judicial: cuestión «subiudice». Principio de legalidad: medidas cautelares. Derecho a la presunción de inocencia: compatibilidad con medidas cautelares. Derecho a permanecer en los cargos públicos: derecho reaccional. Principio de igualdad: cargos públicos. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
Aplicando los anteriores criterios al caso presente, procede acordar la suspensión de la ejecución de las Sentencias impugnadas por lo que respecta a las dos penas privativas de libertad de un año de prisión menor cada una impuestas al demandante de amparo, así como por lo que se refiere a las accesorias legales de privación de sufragio y ejercicio de cargo público durante el tiempo de... Procede, igualmente, la suspensión de la ejecución de las dos penas impuestas de 25.000.000 de pesetas cada una, en el caso de que su impago por insolvencia diera lugar a la imposición de los arrestos sustitutorios de sesenta días previstos en las Sentencias impugnadas.
Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: procedencia parcial.
1. El art. 56.1 LOTC dispone que la Sala que conozca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución del acto o resolución impugnados «cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad», si bien no procederá la suspensión cuando de ella «pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero». En la interpretación de la referida disposición, este Tribunal viene manteniendo que cuando el recurso se dirige contra resoluciones judiciales, lo más acorde con el interés general es su cumplimiento, que dota de efectividad a la tutela judicial consagrada por el art. 24.1 C.E., por lo que, en tales casos, será necesario que se acredite suficientemente la irreparabilidad del perjuicio que pudiera traer consigo la ejecución de la resolución impugnada, privando al amparo de su finalidad, para que la medida cautelar que
Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: procedencia parcial.
En el caso, se ha de examinar la petición de suspensión de la Resolución en relación con la pena privativa de libertad impuesta de prisión de dos años, la accesoria de inhabilitación especial, la multa y la condena en costas.
2. Aplicada la doctrina expuesta al presente caso procede la suspensión solicitada en lo atinente a la pena de prisión de dos años impuesta, pues, de un lado, como señala el Ministerio Fiscal, dicha magnitud refleja que no estamos ante un hecho grave, y, de otro, en la medida en que el recurrente ha estado ocho meses en prisión preventiva, la ponderación del tiempo de prisión que le resta...
Suspensión cautelar de sentencias penales: costas procesales y multa, no suspende; inhabilitación especial del derecho de sufragio y penas privativas de libertad, suspende.
Así, con carácter general, este Tribunal no suspende las resoluciones judiciales en lo que afecta a condenas privativas de libertad superiores a cinco años, si bien incluso en tal supuesto ha acordado excepcionalmente la suspensión de la pena privativa de libertad, por ejemplo, entre otros casos, cuando se ha cumplido la mitad de la pena impuesta (AATC 93/2004, de 9 de febrero; 140/2004, ... La aplicación al caso de la doctrina reseñada obliga a considerar, si se compara la duración de la pena privativa de libertad impuesta al demandante (dos años y dos meses) con el tiempo que requiere normalmente la tramitación de un proceso de amparo como el presente, que de no suspenderse su ejecución se le ocasionaría un perjuicio irreparable que dejaría totalmente en entredicho la e...
Suspensión cautelar de sentencias penales: costas procesales y multa, no suspende; inhabilitación especial del derecho de sufragio y penas privativas de libertad, suspende; perjuicio irreparable.
Por último, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por dos años.
3. Por último, por lo que respecta a la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por dos años, es de recordar con el ATC 182/2001, de 2 de julio, conforme al cual «habrá de denegarse en principio la suspensión de la ejecución, salvo que el demandante acredite, y este Tribunal aprecie, que la ejecución de la resolución le ocasionaría un perjuicio irrep...
Suspensión cautelar de sentencias penales: multa, no suspende; penas accesorias y penas privativas de libertad, suspende.
El examen conjunto de los dos primeros motivos del recurso de amparo lleva insoslayablemente a declarar su carencia manifiesta de contenido que justifique un pronunciamiento sobre el fondo en forma de Sentencia. En este caso, como ha indicado el Ministerio Fiscal, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2002 dio adecuada respuesta a las pretensiones deducidas por la central sindical ahora recurrente en amparo al poner de manifiesto cómo en el Acuerdo de 1994 se trataba de distinto modo el régimen de incrementos salariales d... Concretamente, mientras el Capítulo II se incluía un apartado particularizado para el año 1995, fijándose un aumento de retribuciones equivalente al de la subida del IPC prevista en la Ley de presupuestos generales del Estado para dicho ejercicio económico, en el Capítulo VI se regulaban los incrementos para los dos ejercicios siguientes.
Igualdad en la aplicación de la ley: cambio de criterio razonado, respetado. Sindicatos más representativos: libertad sindical. Derecho a la tutela judicial efectiva: conexión con la libertad sindical.